Esta semana vimos en el rico país europeo español una de las imágenes más horribles que puede presentar una sociedad que se presupone desarrollada. La estampa de ‘El olvido que seremos’, y aquí adopto el título de la novela de Héctor Abad Faciolince, para describir un tétrico ejemplo de malparidez cósmica, para reseñar el retrato de un sistema basado, regido y bendecido por el capital y la clase política arrodillada a su servicio, para describir la foto de nuestro fracaso como sociedad civilizada, o más bien caníbal y salvaje, donde el fin sí que justifica los medios.
El cuadro para enmarcar de una señora jubilada de 87 años de edad, desahuciada del piso donde vivía en Madrid, y no por impago de su alquiler, después de siete años de batallas judiciales y de vivir más de 70 años en la vivienda ahora adquirida por una empresa que la mandó a la calle sin que la justicia hiciera justicia, o sí, pero a su manera, ajustada a esa frase tan bella: de acuerdo a la legalidad vigente, y sin que las administraciones públicas pudieran impedirlo.
A Maricarmen la echaron a la puta calle, salió en camilla rumbo a un hospital sin una alternativa habitacional para sobrellevar los años que le quedan de vida, que esperamos sean muchos, ante todo, por ella, como ser humano que es, y por ser ya un símbolo del despertar de conciencias doble A, aletargadas y anquilosadas.
Los que tenemos más de 50 años podemos ser perfectamente algún día Maricarmen, incluso peor, sin jubilación. Somos tan pero tan desarrollados y con una esperanza de vida tan pero tan envidiable, que como siga la progresión que estamos constatando, la edad de jubilación nos puede llegar a los ochenta y más años, pero tranquilos, que nos quedará tiempo para disfrutar de un retiro digno.
Los jóvenes están siendo ya Maricarmen. No pueden pagar el coste de un piso de alquiler, al menos que sea compartido, y si lo encuentran, y mucho menos, asumir la compra de un pisito con precios desorbitados, precios inalcanzables que no paran de subir. Hay que tener ahorrados entre sesenta y setenta mil eurillos para empezar a plantearte una hipoteca, a menos que seas Isabel D. Ayuso (IA), y que la empresa donde trabajas sea tan pero tan generosa, en su caso, la Comunidad de Madrid, pague con dinero público un ático de 6,3 millones de euros en un barrio de la zona noble de la capital, para que vivas justita de comodidades. Y lo supimos por una investigación periodística que destapó el diario El País.
A pesar de lo que dicta el artículo 47 de la Constitución española, que nos reconoce el derecho a vivir en una vivienda digna y adecuada, muchos solo tienen el derecho garantizado a vivir en la calle y otros el derecho perpetuo a vivir en áticos, palacios y palacetes, o preguntemos a su majestad Felipe VI y a toda la saga borbónica.
A pesar de lo que dicta el mismo artículo 47 de la Constitución española, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, rían, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, es la especulación la que reina a sus anchas.
Es inexplicable que en el municipio de Yaiza, donde resido, haya un proyecto de vivienda pública para la construcción de 136 casas destinadas a alquiler asequible que permanece bloqueado, por el pitorreo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Su máximo responsable, Pablo Rodríguez Valido, parece oficiar de cachanchán en Lanzarote del presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort García.
Ambas instituciones gobernadas por Coalición Canaria y el Partido Popular, inmaculados en urbanismo. Y el PP intoxicando a la opinión pública con bulos y desinformaciones y ahora también intoxicando el edificio del Congreso de los Diputados con gas pimienta. Nivelazo el que tenemos.
El Sindicato de Inquilinas apoya en la calle la defensa del derecho a la vivienda. Lo había hecho mucho antes del desahucio de Maricarmen, lo hizo el día del desalojo, el miércoles 23 de septiembre en la fachada del edificio donde vivía la afectada, recibiendo cargas desproporcionadas por parte de miembros de la Policía Nacional.
También encabezó las protestas de este pasado sábado en las calles de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más. Señalamos a los responsables”.
Solo a punta de decretos no se soluciona el problema de la vivienda, pero todas y todos sabemos que la derecha española ha votado sistemáticamente en contra de medidas que evitan el desahucio de personas vulnerables y de la prórroga de alquileres que impide la especulación desmedida de multipropietarios. Vamos a ver, con las elecciones generales a la vista el próximo año, cómo salen en el retrato PP y Vox cuando el gobierno de coalición PSOE y Sumar y los partidos que apoyen levanten el brazo para intentar aprobar nuevos decretos.
La intervención del mercado, que no se ha hecho en 40 años, y medidas estructurales contra los desahucios y la regulación efectiva del alquiler vacacional, ya suenan fantasiosas, pero sin ellas seguiremos en las mismas.
Por Alex Salebe Rodríguez
