El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado este martes una moción, presentada por CC, para promover la gratuidad de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en los siete municipios de la Isla. Para ello se impulsará la unificación de criterios en las ordenanzas fiscales y se garantizará que la accesibilidad no suponga un coste añadido para las personas que necesitan estos espacios.
El acuerdo parte de una realidad existente en Lanzarote, ya que las condiciones económicas y administrativas asociadas a la reserva de plazas PMR no son actualmente homogéneas entre los municipios. Mientras en algunos casos estos espacios están exentos de tasas, en otros pueden existir costes relacionados con la reserva de espacio, la ocupación de la vía pública, la expedición del vado o la instalación y mantenimiento de la señalización.
Ante esta situación, el Cabildo ha aprobado impulsar una respuesta coordinada entre las administraciones locales para avanzar hacia un criterio común en toda la Isla, de forma que una persona con movilidad reducida no tenga que asumir un coste diferente en función del municipio en el que resida o trabaje.
El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, ha señalado que “la accesibilidad tiene que estar por encima de las diferencias administrativas entre municipios y debemos trabajar para que una persona con movilidad reducida pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, viva donde viva”.
“No estamos hablando de conceder un privilegio, sino de facilitar una medida que permite a muchas personas desplazarse, acceder a su vivienda y desarrollar su vida cotidiana con mayor autonomía y seguridad. Si desde las administraciones podemos eliminar una barrera económica, tenemos que hacerlo”, afirma Acuña.
Un diagnóstico para conocer la realidad de las plazas PMR en la Isla
Entre los acuerdos aprobados se encuentra la elaboración de un diagnóstico insular sobre el número y la ubicación de los estacionamientos públicos destinados a personas con movilidad reducida, con el objetivo de conocer la situación existente y valorar su adecuación a los estándares establecidos por la legislación vigente. Este diagnóstico permitirá disponer de una visión global de las necesidades de accesibilidad relacionadas con el estacionamiento reservado y servirá como herramienta para mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas.
La moción contempla asimismo instar a los siete ayuntamientos de Lanzarote a coordinarse para avanzar en la unificación de criterios de sus ordenanzas fiscales respecto a las plazas PMR nominales, vinculadas a la residencia o al lugar de trabajo de las personas beneficiarias.
Coste cero para la reserva y señalización
El acuerdo aprobado por el Pleno también promueve la exención total de los costes asociados a estas plazas para las personas que cumplan los requisitos establecidos para disponer de la tarjeta PMR. La medida comprende tanto la tasa por la tramitación de la solicitud de reserva de espacio como la correspondiente a la ocupación de la vía pública y los costes derivados de la instalación de la señalización necesaria.
Marci Acuña destaca además que la iniciativa “requiere necesariamente de la cooperación entre el Cabildo y los ayuntamientos, porque son las corporaciones municipales las que deben adaptar sus respectivas ordenanzas, y desde el Cabildo vamos a facilitar ese proceso dentro de nuestras posibilidades”.
Apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos
Con el objetivo de facilitar la aplicación de los acuerdos, el Cabildo ofrecerá asistencia técnica y jurídica a aquellos ayuntamientos que lo soliciten para agilizar la modificación de sus ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas vinculadas a la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público local.
“Desde el Cabildo queremos que Lanzarote avance hacia un modelo de accesibilidad más coordinado, en el que las administraciones trabajemos juntas y en el que las personas no encuentren obstáculos económicos o administrativos para ejercer derechos básicos. Este acuerdo es un paso en esa dirección y ahora debemos trabajar para que se traduzca en medidas concretas en el conjunto de la Isla”, concluye el consejero.
