Unidos por Lanzarote y La Graciosa ha puesto el foco en los siete ayuntamientos de la isla para exigirles que demuestren, con documentos y resultados, que están cumpliendo sus obligaciones en materia de bienestar animal. La formación considera que las administraciones no pueden exigir a los vecinos el cumplimiento de la ley mientras no acrediten que ellas mismas están haciendo su parte.
La reclamación afecta a todos los consistorios —Arrecife, Teguise, Tías, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo y Haría—, y surge a raíz de unas declaraciones del concejal de Bienestar Animal de Teguise, Ginés González, en las que habría reconocido que resultaría económicamente inviable para su Ayuntamiento aplicar todas las exigencias de la normativa en un solo ejercicio presupuestario.
Para Unidos por Lanzarote, «la Ley de Bienestar Animal no puede ser obligatoria para los vecinos y opcional para los políticos» y el problema va más allá de un municipio, por lo que requiere una respuesta conjunta. Su presidente, Laureano Álvarez Delgado, señala que no pueden utilizar la ley para exigir y sancionar a los vecinos mientras se excusan en la falta de presupuesto para cumplir sus propias obligaciones.
Gestión de las colonias felinas y revisión de sanciones
La Ley 7/2023 establece responsabilidades concretas para las administraciones locales, por lo que desde la formación reclaman que los ayuntamientos hagan públicos sus programas de gestión de colonias felinas, los censos de gatos comunitarios, las campañas de esterilización e identificación mediante microchip, los servicios veterinarios y los protocolos para resolver conflictos vecinales, así como el dinero que se destina a estas actuaciones, qué medidas se han llevado a cabo y cuáles han sido sus resultados.
El partido sostiene que no basta con anunciar campañas de concienciación o actividades relacionadas con los animales, es necesario demostrar que se están desarrollando las actuaciones previstas en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
En este sentido, Unidos por Lanzarote cuestiona que los ayuntamientos puedan sancionar a los vecinos por problemas relacionados con animales, ruidos o molestias cuando las propias administraciones no adoptan las medidas necesarias para prevenir o resolver esas situaciones. La formación pone como ejemplo los conflictos provocados por colonias felinas mal gestionadas o la entrada de gatos en propiedades privadas, y considera injusto que un ciudadano pueda acabar multado por un problema al que también ha contribuido la falta de actuación municipal.
Por este motivo, propone que los siete ayuntamientos se comprometan a no promover sanciones por situaciones directamente provocadas por deficiencias de gestión municipal, siempre que la legislación lo permita. Asimismo, pide revisar las multas impuestas en casos donde existan indicios de que el Ayuntamiento no atendió las denuncias vecinales o dejó de tomar medidas que le correspondían.
La formación aclara que esta petición no pretende justificar el abandono, el maltrato animal ni otras situaciones de riesgo, sino evitar que los vecinos paguen las consecuencias de posibles incumplimientos de la administración.
Un plan insular y más transparencia
Unidos por Lanzarote también reclama que el Cabildo de Lanzarote asuma un papel más activo en la coordinación y el apoyo a los municipios, mediante un plan insular que incluya financiación, asistencia veterinaria y seguimiento de resultados. “La Ley 7/2023 contempla que las administraciones locales puedan recabar apoyo de los cabildos para el cumplimiento de sus obligaciones”, señalan, por lo que “no podemos aceptar que cada municipio afronte aisladamente un problema que afecta al conjunto de Lanzarote y La Graciosa”.
Además, anuncia que se solicitará formalmente información a los siete ayuntamientos sobre sus presupuestos, contratos, programas de gestión animal y procedimientos sancionadores, respetando la protección de datos personales, y, si detectan incumplimientos, reclamarán su corrección y estudiarán posibles acciones administrativas o legales. «Si se exige el cien por cien de cumplimiento al ciudadano, debe exigirse también el cien por cien a quienes gobiernan», insiste el presidente de la formación, Laureano Álvarez.
