El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto ley por el que se regula la concesión directa de subvenciones por importe de 84 millones de euros al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores afectados por las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19. Estas ayudas se complementarán con otros 80 millones de euros en subvenciones para establecimientos alojativos turísticos, en cuya definición trabaja el Ejecutivo.
La convocatoria aprobada en este decreto ley tiene como objetivo financiar los gastos fijos de funcionamiento (alquiler, cánones de uso de la propiedad intelectual, primas de seguros no sociales y suministros de luz, agua y comunicaciones) de los sectores afectados no solo por las restricciones, sino por la reducción de demanda, y de ella podrán beneficiarse aquellas pymes y autónomos cuyo volumen de facturación haya caído un 30% o más en el segundo semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019.
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 10 de marzo y durará 20 días hábiles, hasta el 8 de abril.
La convocatoria flexibiliza y agiliza al máximo legal posible sus requisitos para adaptarse a las distintas realidades de las pymes y autónomos del Archipiélago. Para ello, se ha diseñado un modelo de cálculo de la cuantía de las subvenciones certificable para la captación de los fondos europeos de recuperación REACT-EU, a los que está previsto cargar esta línea de ayudas.
En cualquier caso, dada la urgencia de la medida, el Gobierno de Canarias ha adelantado ya los fondos para agilizar el proceso, sin afectar en ningún caso a los presupuestos para 2021.
