El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, han remitido un comunicado conjunto a los medios de comunicación en el que rechazan frontalmente el modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y reclaman una transición energética compatible con la protección del territorio insular.
El objetivo del mismo es trasladar a la opinión pública «su posicionamiento firme y compartido en defensa del territorio, del paisaje y de un modelo de transición energética adaptado a la singularidad de ambas islas», ante el debate público suscitado en relación con las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
La publicación inicial de los mapas de delimitación de estas zonas ha generado una creciente preocupación social en Lanzarote y Fuerteventura, al percibirse por amplios sectores de la ciudadanía como un planteamiento que podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular.
Ambos cabildos consideran que la filosofía que inspira las ZAR —basada en la aceleración administrativa para la implantación de grandes proyectos energéticos— resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura, dos islas que históricamente han construido su identidad y su modelo de desarrollo sobre la preservación de su paisaje, su patrimonio natural y su equilibrio territorial.
Lanzarote y Fuerteventura comparten una conciencia ambiental profundamente arraigada, fruto de décadas de políticas públicas y de compromiso social orientadas a la protección del territorio, y han sido reconocidas además internacionalmente como Reserva de la Biosfera.
Por ello, consideran que cualquier política de implantación de energías renovables en las islas debe partir de un principio fundamental: la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular.
Asimismo, recuerdan que el marco normativo autonómico vigente ya establece de manera clara la priorización de la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes. En particular, la Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario, en su redacción vigente tras el Texto Refundido publicado en el Boletín Oficial de Canarias no 123 de 25 de junio de 2024, incorpora la obligación de instalar sistemas fotovoltaicos en cubiertas de edificaciones de nueva planta o sometidas a reforma integral, así como el fomento expreso de su implantación en edificaciones ya existentes.
Del mismo modo, la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias establece como principio fundamental la priorización de las energías renovables en edificaciones e infraestructuras existentes como eje central de la transición energética en el archipiélago.
En este sentido, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura consideran imprescindible que, «antes de plantear la ocupación de suelo para instalaciones energéticas, se realicen estudios objetivos y rigurosos que determinen el potencial real de implantación de energías renovables en cubiertas e infraestructuras ya existentes, así como el grado actual de aprovechamiento de dichas superficies en ambas islas».
Igualmente, defienden que cualquier desarrollo energético que eventualmente deba implantarse en suelo debe realizarse bajo criterios extremadamente restrictivos de protección del paisaje y del territorio, priorizando además modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen que los beneficios económicos derivados de la producción energética permanezcan en las islas y reviertan directamente en la sociedad insular.
Asimismo, expresan su «profunda preocupación» por la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias mediante decreto aprobado en enero de 2026, por la que se eliminó la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables y consideran que «constituye un grave retroceso en las garantías de protección del territorio». Por este motivo, solicitan formalmente al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos de energías renovables que se pretendan implantar en Zonas de Aceleración de Renovables, garantizando así que cualquier actuación sea analizada con el rigor técnico y ambiental que exige la protección del territorio insular.
Del mismo modo, consideran imprescindible que las instituciones insulares recuperen plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio y defienden de forma clara y contundente «que sean los cabildos insulares quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de cualquier proyecto de energías renovables que pretenda implantarse en sus respectivas islas, en coherencia con sus competencias en materia de ordenación territorial, paisaje y planificación insular». En este sentido, alegan que ninguna política de aceleración administrativa puede situarse por encima de la protección del territorio ni de la capacidad de decisión de las instituciones insulares, que son quienes conocen de forma directa la realidad territorial, social y ambiental de cada isla.
Reiterando su «compromiso inequívoco con la transición energética y con el desarrollo de energías renovables», insisten en que «dicha transición debe llevarse a cabo desde el respeto absoluto al territorio, a la planificación insular y a la voluntad de la ciudadanía».
Por todo ello, ambas instituciones reiteran su «sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio» y solicitan al Gobierno de Canarias la apertura de un proceso de reflexión, diálogo institucional y planificación conjunta que permita diseñar un modelo energético adaptado a la realidad territorial de Lanzarote y Fuerteventura, garantizando que la lucha contra el cambio climático se desarrolle de forma compatible con la preservación del paisaje, que constituye uno de los principales patrimonios de ambas islas.
