El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión, acogió ayer miércoles el monólogo formativo ‘Eso no es sexo’, una iniciativa destinada a prevenir y detectar la violencia sexual en la adolescencia, especialmente la relacionada con la pornografía y mitos sobre la sexualidad.
Antes del comienzo del taller, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que “la prevención de la violencia sexual no solo es responsabilidad de las familias y los centros educativos, sino de toda la sociedad. Con iniciativas como esta ofrecemos a nuestros jóvenes recursos y conocimientos esenciales para vivir su sexualidad de manera saludable, segura y respetuosa”.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, indicó la importancia de dotar a la juventud de herramientas para “reconocer y rechazar cualquier forma de violencia sexual” e insistió en que la “educación afectivo-sexual es fundamental para construir una sociedad más igualitaria, más libre y más segura”.
Acuña recordó que desde la institución insular continúan reforzando acciones de sensibilización y formación para erradicar cualquier tipo de violencia de género en la ciudadanía.
El taller, celebrado en el Salón de Actos, contó con la participación de la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí, que abordó la importancia de reconocer los mensajes distorsionados sobre la sexualidad que reciben los adolescentes y sustituirlos por una educación sexual real, sana, responsable y libre de violencia.
El monólogo estuvo dirigido al alumnado de 4º de la ESO y ofreció un espacio dinámico, cercano y pedagógico en el que se abordaron temas como el consentimiento, los roles de género, la presión social o las falsas creencias transmitidas por la pornografía.
La iniciativa se enmarca dentro de una campaña insular de sensibilización e incluye una segunda línea formativa destinada a profesionales vinculados a la atención y prevención de la violencia sexual como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, personal de Puntos Violeta, organizadores y promotores de eventos, así como profesionales sanitarios y sociales especializados en situaciones de crisis ante agresiones sexuales.
